Chao malditos cables

ALBERTO MORDOJOVICH

Un breve paseo por nuestras calles y plazas dan cuenta de la previsible ineficacia de la Ley 21.172 de 2019 destinada a eliminar los cables en desuso o “chatarra aérea” que infestan nuestras ciudades. El Congreso de la época se tomó cinco años estudiando el proyecto para arribar a una ley inoperante. Se concentró equivocadamente en los cables en “desuso” y soslayó el problema general. Incluso la Corte Suprema, consultada en su momento, advirtió el error: “No explica el Proyecto cómo, quién o por qué vía se determinará el cese en el uso”. En efecto, ¿será Subtel, la municipalidad o el juzgado de policía local? La única que lo puede certificar fidedignamente es la dueña del cable, es decir, la empresa de telecomunicaciones ventualmente obligada a pagar la multa si no retira los cables. En otras palabras, debiera autodenunciarse.

Esta asimetría explica que hasta la fecha no hay multas, ni reglamento, ni nada y los cables siguen afeando las ciudades.

“Ha llegado la hora de abandonar las inútiles mesas de trabajo que no alcanzan para sacar los cables. Se necesitan escaleras, incentivos de mercado y determinación de la autoridad”.

La Ley le impuso a Subtel que publicara un Reglamento imposible - dada la calidad de la Ley - en un plazo de 90 días. Ya han pasado más de cuatro años. Mientras tanto se han establecido “mesas de trabajo” entre el regulador, las municipalidades y las empresas para mostrar que algo útil se hace. Se retiran unos pocos cables y se gana tiempo. ¿A la espera de qué?

El costo para las empresas de telecomunicaciones de mantener cables en las calles es insignificante. Hoy fluctúa entre $ 884 y $ 2.682 por apoyo por poste al año. Esta tarifa debe ser pagada al dueño del poste, es decir, a la empresa distribuidora eléctrica. No existe un cargo de beneficio fiscal ni municipal adicional. Por ejemplo, si los postes están espaciados cada 25 metros, un kilómetro de cable (40 apoyos) cuesta $ 35.360 anuales (IVA incluido) en la Región Metropolitana. Ni en cien años se justifica su retiro por parte del dueño, atendido el costo que implica quitarlo. Por lo tanto, hay un importante incentivo económico para declarar un número mínimo de cables en desuso y postergareternamente su retiro.

¿Están conscientes los directores y ejecutivos responsables de esas empresas de la contaminación y de los riesgos que provocan a la ciudadanía? La solución desde el inicio era muy sencilla si se aplica la norma “El que contamina paga”. Como todos los cables contaminan, todos los cables deberían pagar un permiso o impuesto específico por usar el espacio público, independiente de si están en uso o en desuso; si son de telecomunicaciones, de electricidad u otros.

Todos los vehículos pagan permiso de circulación por usar la vía pública ¿por qué no los cables? La tarifa anual podría ser proporcional al diámetro y a la longitud del cable, es decir, el que más contamina, más paga. Este impuesto de beneficio fiscal o municipal constituiría un incentivo para retirar cables en desuso, reemplazarlos por los menos contaminantes y de mayor capacidad de fibra óptica, compartir infraestructura con los competidores y soterrar cables. El retiro de los cables de cobre desincentivaría también su robo, el que continuamente deja sin servicio a sus clientes.

El valor del permiso debiera ser tal que provoque un retiro rápido del exceso de cables. Un impuesto bien pensado para atacar un mal social es un buen impuesto. Se podría argumentar que subirían las tarifas de los servicios, pero solo marginalmente si el precio del permiso está bien calculado y el costo impositivo disminuirá justamente retirando cables. Por lo demás, el consumidor seguramente estaría dispuesto a pagar algo más por librarse de esta horrible plaga. Ha llegado la hora de abandonar las inútiles mesas de trabajo que no alcanzan para sacar los cables. Se necesitan escaleras, incentivos de mercado y determinación de la autoridad.